La iniciativa fue presentada por los diputados provinciales Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero. Mientras el presidente MIlei espera el próximo 6 de agosto abrirle la puerta a los capitales extranjeros para que puedan comrpar sin límites tierras y recursos naturales; el kirchnerismo bonaeense presentó un proyexto que fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en la provincia y crea un registro para transparentar las operaciones: «Las Malvinas son argentinas y la provincia de BUenos Aires también», afirmaron.
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el bloque del peronismo en la Legislatura bonaerense presentó un proyecto de ley para establecer un límite del 15% a la titularidad extranjera del territorio provincial y de cada uno de sus municipios. La iniciativa apunta a preservar el control sobre un recurso estratégico frente a un proceso de desregulación que, según advierten sus impulsores, favorece la concentración de la tierra y debilita la capacidad del Estado para resguardar el interés nacional: «Las Malvinas son argentinas y la provincia de BUenos Aires también», afirmaron.
El proyecto, impulsado por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, también crea un Registro Provincial de Tierras Rurales para identificar a los verdaderos beneficiarios de cada operación inmobiliaria o societaria. El objetivo es impedir que estructuras societarias opacas o fondos de inversión oculten la adquisición de grandes extensiones de territorio bonaerense. «Si dejamos que cualuier capital extranjero pueda comprar miles de hectáreas costeras, estamos habilitando puertos paralelos como en la época de la colonia».
La propuesta pone especial atención en las zonas de protección territorial estratégica, como cuencas hídricas, humedales, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y regiones vinculadas a la agricultura familiar. En esos casos, cualquier operación con participación extranjera deberá contar con autorización previa y podrá ser rechazada cuando comprometa el acceso al agua, la soberanía alimentaria, el arraigo de las comunidades o el control de áreas sensibles, incluidas aquellas cercanas a zonas fronterizas.
La discusión excede el mercado inmobiliario. Para el kirchnerismo, la tierra constituye un activo estratégico cuya regulación no puede quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado. En ese marco, el proyecto aparece como una respuesta política al rumbo impulsado por la Casa Rosada: frente a un modelo que promueve una apertura prácticamente sin restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, la iniciativa busca reinstalar la idea de que el territorio, los recursos naturales y las zonas estratégicas forman parte de la soberanía provincial y nacional.
