La Casa Rosada decidió dejar para los próximos meses la discusión por los cargos en el máximo tribunal y el Ministerio Público. La falta de una mayoría de dos tercios en el Senado dificulta avanzar con las designaciones y el oficialismo concentra sus negociaciones en tribunales inferiores.
El Gobierno decidió postergar la cobertura de las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia y la designación del Procurador General de la Nación. La definición responde, principalmente, a la dificultad de reunir en el Senado los dos tercios de los votos necesarios para aprobar los nombramientos, una mayoría especial que obliga al oficialismo a negociar con otros bloques.
La situación se profundizó después del rechazo de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Actualmente, la Corte funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En tanto, la Procuración General continúa a cargo de Eduardo Casal de manera interina, función que desempeña desde 2017.
El presidente Javier Milei ya había anticipado las dificultades para alcanzar acuerdos políticos en torno a los cargos que requieren mayorías calificadas. «A los que necesitan mayorías calificadas, no. No voy a negociar con el kirchnerismo», había dicho en marzo al ser consultado por la Corte y la Procuración.
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia decidió concentrar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados en juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones, donde las designaciones requieren una mayoría menor. Entre los nombramientos que el Ejecutivo busca impulsar aparecen Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña.
El Gobierno también prepara candidatos para ocupar juzgados electorales en distintos puntos del país, cargos a los que atribuye un peso relevante por su incidencia en la organización de los procesos electorales y la política provincial.
En paralelo, el Ministerio de Justicia trabaja en una reorganización de la estructura judicial. El proyecto oficial contempla reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 las vocalías de la Cámara Federal de Casación Penal, además de eliminar otras vacantes dentro de la Justicia Nacional.
La estrategia oficial apunta así a avanzar primero con la reorganización y cobertura de cargos en los tribunales inferiores, mientras deja para más adelante la discusión sobre la Corte Suprema y la Procuración, donde cualquier acuerdo requiere una negociación política mucho más amplia.
