La medida firmada por Javier Milei habilita la expulsión de ciudadanos extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra la Argentina o sus habitantes. Especialistas advirtieron que su aplicación deberá ajustarse a los límites constitucionales y quedar bajo control judicial.
El gobierno de Javier Milei oficializó un decreto que habilita la expulsión del país de ciudadanos extranjeros que promuevan discursos de odio o inciten a la violencia contra la República Argentina o sus habitantes. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reabrió el debate sobre los alcances de las facultades del Poder Ejecutivo y las garantías constitucionales que deben regir este tipo de decisiones.
El nuevo marco normativo establece que podrán ser expulsadas las personas extranjeras que emitan, de forma oral o escrita, expresiones consideradas como agravios o incitación a la violencia por motivos vinculados a la nacionalidad argentina.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional señalaron que la aplicación de la norma deberá respetar el principio de legalidad y el control de los otros poderes del Estado.
El constitucionalista Félix Lonigro sostuvo que, si bien el contenido de la medida puede ser objeto de debate político, su implementación debe ajustarse a las previsiones constitucionales. En ese sentido, recordó que los decretos de necesidad y urgencia requieren posteriormente la intervención del Congreso para su tratamiento.
Según explicó, una vez publicado el DNU, la Comisión Bicameral debe emitir un dictamen y luego el texto debe ser analizado por las cámaras legislativas para definir su continuidad.
El rol de la Justicia
Uno de los principales interrogantes gira en torno a quién tendrá la potestad de decidir una expulsión y bajo qué criterios se determinará la existencia de un discurso de odio, especialmente cuando las expresiones se produzcan en redes sociales o plataformas digitales.
Lonigro remarcó que, en el régimen vigente, los procesos de deportación son iniciados por la Dirección Nacional de Migraciones, pero la decisión final corresponde a un juez.
Para el especialista, mantener la intervención judicial resulta clave para evitar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo. En ese sentido, advirtió que una medida de este tipo no debería quedar librada exclusivamente al criterio de una autoridad administrativa o del Presidente.
Además, señaló que será determinante la reglamentación del decreto para establecer qué organismo será la autoridad de aplicación y cuáles serán los procedimientos que deberán seguirse antes de disponer una expulsión.
El nuevo decreto suma un nuevo capítulo al debate sobre la política migratoria del Gobierno y anticipa una discusión parlamentaria y judicial en torno a los límites de las facultades del Ejecutivo y la protección de los derechos constitucionales.
