La Casa Rosada rechazó el cuestionamiento de Tierra del Fuego por la presencia del petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia. El Ejecutivo provincial había considerado “inadmisible” la operación mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.
El Gobierno nacional salió al cruce del reclamo de Tierra del Fuego por el amarre del petrolero VS Promise, de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia. Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la presencia del buque no representa una amenaza para la soberanía argentina.
“No representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina”, afirmó Ravier al ser consultado por la polémica. El funcionario sostuvo además que el puerto se encuentra bajo control nacional y rechazó que la operación implique una cesión de soberanía.
La respuesta de la Casa Rosada llegó después de que el Gobierno de Tierra del Fuego cuestionara la autorización para el ingreso del buque. La administración de Gustavo Melella había calificado de “inadmisible” que una embarcación de bandera británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
El Ejecutivo fueguino también reclamó explicaciones sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación y volvió a exigir el fin de la intervención del Puerto de Ushuaia. La provincia sostiene que existe una contradicción entre los argumentos de Nación vinculados con la defensa de la soberanía y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y la autorización a un buque británico.
Ravier, por su parte, señaló que la operación también requería autorización de Tierra del Fuego debido a que la zona de la monoboya utilizada para el procedimiento es de jurisdicción provincial. De esta manera, el Gobierno nacional buscó bajar el tono de la disputa y sostuvo que el amarre del VS Promise no implica una afectación de la soberanía argentina.
